El Ministerio Público asegura haber identificado reclamaciones por consultas de ginecología facturadas a afiliados masculinos dentro de la investigación relacionada con el denominado caso SeNaSa 2.0-A, según consta en la solicitud de medida de coerción presentada contra 25 personas.
El expediente, de 525 páginas, sostiene que los integrantes de la presunta estructura habrían tenido acceso a información confidencial de afiliados del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), incluidos datos sobre sus planes de salud, que presuntamente fueron utilizados para generar autorizaciones médicas y posteriormente reclamar pagos por servicios que no se habrían realizado.
Entre los imputados figuran exempleados de SeNaSa, médicos y particulares detenidos durante la denominada Operación SeNaSa 2.0-A.
De acuerdo con la acusación, los titulares de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho y Mirna Ortiz, atribuyen a los investigados la conformación de una estructura que supuestamente aprovechaba información privilegiada y conocimiento de los procesos internos de la aseguradora estatal.
Según la instancia judicial, el grupo seleccionaba afiliados con un historial reducido de interacción con SeNaSa, lo que presuntamente disminuía las posibilidades de que las operaciones fueran detectadas.
A nombre de esas personas se habrían generado autorizaciones y reclamaciones por atenciones médicas. Algunos afiliados consultados durante la investigación declararon, según el Ministerio Público, que nunca recibieron los servicios facturados e incluso que desconocían a los médicos vinculados con las reclamaciones.
La Fiscalía también sostiene que algunos integrantes del grupo utilizaban nombres ficticios, entre ellos Pedro Martínez, Ángel Beltré y Amauris Gutiérrez, cuando se comunicaban con el centro de llamadas de SeNaSa para gestionar autorizaciones.
Asimismo, el expediente señala que fueron utilizados códigos correspondientes a médicos reales que presuntamente colaboraban con la estructura y recibían beneficios económicos a cambio de permitir el registro de consultas y procedimientos ficticios.
Reclamaciones sin documentos requeridos
Entre las irregularidades descritas por el Ministerio Público aparecen reclamaciones correspondientes a consultas ginecológicas registradas a nombre de hombres.
También se habrían presentado procedimientos ambulatorios sin historia clínica, descripción quirúrgica, identificación del afiliado u otros documentos requeridos para sustentar las reclamaciones.
Los fiscales mencionan además expedientes incompletos, sin sello del médico o del prestador de servicios de salud, sin número de afiliación, teléfono o ciudad, así como documentos con tachaduras, enmendaduras y discrepancias en la numeración de autorizaciones y en los montos reclamados.
Presunta falsificación de firmas
Otro de los mecanismos atribuidos a la supuesta estructura es la falsificación de firmas de afiliados para elaborar reportes de autorizaciones médicas y respaldar reclamaciones que posteriormente eran cobradas a SeNaSa.
La acusación describe una organización con funciones distribuidas entre sus integrantes, desde la obtención de los datos de los afiliados hasta la generación de autorizaciones, presentación de reclamaciones y distribución del dinero obtenido.
Como parte de la investigación financiera, la Pepca también refiere transferencias bancarias entre personas vinculadas al caso, algunas de ellas sin un concepto específico o con descripciones que, según los fiscales, buscaban ocultar el origen de los fondos.
Entre los conceptos citados en el expediente figuran expresiones como “pago a San de madre”, “San de tu madre” y “pago préstamo Ángel Luis Guzmán”.
El Ministerio Público interpreta estas operaciones como parte de un supuesto intento de dar apariencia de legalidad a recursos que, de acuerdo con la acusación, habrían sido obtenidos mediante actividades fraudulentas.
La solicitud de medida de coerción fue presentada contra los 25 detenidos, a quienes el órgano acusador atribuye participación en un esquema organizado para defraudar recursos de SeNaSa mediante el uso irregular de información de afiliados y la facturación de servicios médicos presuntamente no realizados.
